Resúmenes

1. Introducción

La subregión de los Montes de María además de ser una de las zonas del caribe colombiano más afectadas por el conflicto, es de las zonas que aún conserva una considerable extensión de Bosque Seco Tropical, ecosistema relevante para la biodiversidad en Colombia (Galván-Guevara et al., 2015). Este contraste ha generado tensiones alrededor de la tenencia de la tierra, los recursos hídricos y el modelo de producción; todas ellas potenciadas por el conflicto armado¹ y sus efectos en el territorio (Marún-Uparela et al., 2023a; González-Abella, 2022; Gaviria et al., 2020; Castaño, 2018).

La expansión del monocultivo de palma de aceite ha sido ampliamente estudiada por su impacto sobre la tenencia y uso de la tierra, la seguridad y soberanía alimentaria (Arrieta Flórez et al., 2024; Quiroga Manrique & Vallejo Bernal, 2018; Ojeda et al., 2015; Menco, 2011), el modelo de producción campesina (Castaño, 2018; Arrieta et al., 2016; Ávila Gonzalez, 2015), el ambiente y el acceso al agua (Marún-Uparela et al., 2023b), entre otras afectaciones.

Este trabajo parte de estos análisis previos, pero centra la discusión alrededor de la vulneración de los derechos bioculturales de las comunidades en Montes de María como consecuencia de la expansión del cultivo de palma en los territorios de San José del Playón y La Suprema, ambos corregimientos del municipio de María la Baja, en el Caribe colombiano. Aporta a la literatura en la medida que emplea la Teoría Crítica de los Derechos Humanos y los Derechos Bioculturales como una abstracción jurídica apropiada para la defensa del ambiente, la naturaleza, las prácticas culturales y conocimientos tradicionales de las comunidades y propone un nuevo marco jurídico de protección.

En este sentido, resulta importante asumir el discurso de los Derechos Bioculturales como fundamento jurídico plausible para canalizar reclamaciones que por la vía de otros derechos no han sido atendidas en los contextos de estas comunidades. Así, este abordaje toma en consideración factores del contexto que aumentan el nivel de vulnerabilidad de esta población, como la victimización derivada del conflicto, la condición del campesinado y el reconocimiento como comunidades afrodescendientes, que encienden alarmas sobre la urgencia de atender este fenómeno por parte del Estado.

1.1. María La Baja: contexto de la investigación

María La Baja es un municipio de la región de Montes de María ubicada en la región Caribe colombiana, reconocido a nivel nacional por ser epicentro -en la década de 1960- de un movimiento campesino que logró mayor acceso a la tierra y la construcción de un distrito de riego que lo convirtió en despensa alimentaria de la región (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). Posteriormente, y como consecuencia de las dinámicas y tendencias de violencia guerrillera desde los años 70 y paramilitar en los 90, María La Baja también es reconocido por el elevado saldo de homicidios, masacres, amenazas, desaparecidos, en general, violaciones sistemáticas de derechos humanos y el consecuente desplazamiento forzado, abandono y despojo de sus tierras (González-Abella, 2022).

Son muchas las dificultades que se enfrentan para comprender las diferentes dimensiones de la violencia producida por el conflicto armado en María La Baja; no obstante, los esfuerzos de captura y compilación de información realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica hasta 2018 y el informe final Hay Futuro si hay verdad, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición (Colombia, 2022), permiten aproximarse a la magnitud e intensidad de los hechos violentos en este municipio.

En el informe Justicia y paz, tierras y territorios en las versiones de los paramilitares del Centro Nacional de Memoria Histórica (2012) se plantea que las manifestaciones de la violencia en María La Baja se constituyeron como una estrategia para el destierro de campesinos con el fin de vaciar los territorios para asegurar corredores estratégicos para el tráfico de drogas y armas y apropiarse de tierras ricas en recursos naturales y/o en las que se planeaban o ejecutaban proyectos de desarrollo (González-Abella, 2022; Meger & Sachseder, 2020).

De igual forma el informe plantea que en los territorios con más concentración de la tierra (la región Caribe, por ejemplo), se produjeron cambios estructurales de explotación y uso del suelo que afectaron la producción campesina y de cultivos transitorios en beneficio de la producción de cultivos permanentes; tal como sucedió en María La Baja. Esto como producto, a su vez, de la consolidación de un modelo económico hegemónico y la implementación de políticas neoliberales que han generado una serie de reconfiguraciones sobre los usos del suelo, y complejizado las dinámicas de tenencia y custodia sobre elementos como la tierra y el agua (Díaz-Avendaño & Pachón-Ariza, 2024; Domínguez & Sabatino, 2008).

Como se advierte, en Montes de María y municipios como María la Baja, la consolidación de este modelo económico hegemónico de control de los recursos no se dio de manera fortuita, sino que estuvo estrechamente relacionada con las dinámicas del conflicto armado. Al punto de considerarse por algunos autores como Meger & Sachseder (2020, p. 955), que las transformaciones ocurridas en las formas productivas, el uso del suelo y la tenencia de los recursos fue producto de un “neoliberalismo militarista” a partir del cual “las prácticas coercitivas de las reformas neoliberales son desplegadas por fuerzas estatales y no estatales de forma concertada, de acuerdo con los intereses de las élites políticas y económicas”.

Así, en el contexto de Montes de María, el concepto de neoliberalismo militarista cobra relevancia al permitir comprender con mayor claridad cómo el despojo y el acaparamiento de las tierras se han dado en el marco de un entramado sistema de violencia “en su mayoría por intereses privados y corporativos, y más tarde a través de mecanismos legales” (Meger & Sachseder, 2020, p. 956). Lo que refuerza la correlación entre la implementación de la agroindustria de monocultivos, la violencia en Montes de María y las transformaciones en el territorio (Marún-Uparela et al., 2023a; González-Abella, 2022).

Todas estas transformaciones productivas y ecosistémicas, unidas a los cambios en las formas de vida y de relacionarse con el entorno que agudizó la violencia armada en el territorio afectaron profundamente los derechos de los habitantes del municipio, reproduciendo un contexto de injusticia ambiental en palabras de Acselrad et al. (2004) y Acselrad (2006).

Acselrad (2006, p. 244) propone la categoría injusticia ambiental a partir del análisis de un modus operandi común: “la enorme concentración de poder en la apropiación de los recursos ambientales que caracteriza la historia de Brasil”, pero que también describe a la perfección el caso colombiano. De tal modo que, esta forma de injusticia, en particular, puede ser comprendida como una concentración de “recursos ambientales bajo el poder de los grandes intereses económicos” que traslada la “mayor carga de los daños ambientales del desarrollo a las poblaciones de baja renta, a los grupos raciales discriminados, a los pueblos étnicos tradicionales, a los barrios obreros, a las poblaciones marginales y vulnerables” (Acselrad et al., 2004, citado por Acselrad, 2006, p. 245).

Analizar el caso de María la Baja desde el enfoque de los derechos bioculturales, como fórmula jurídica integradora de una protección ambiental y cultural, es posible pensar en una adaptación del concepto de injusticia ambiental de Acselrad (2006) hacia una suerte de injusticia biocultural, mediada por las prácticas violentas y sistémicas de un neoliberalismo militarista (Meger & Sachseder, 2020). Esto, bajo el entendido de que en el caso estudiado la concentración se da en un contexto de violencia generalizado con la participación de actores estatales y no estatales y no solo sobre recursos ambientales, sino que además tienen una dimensión cultural relevante para las formas de vida de las comunidades, lo que los convierte al mismo tiempo en activos bioculturales.

2. Fundamentos teóricos

2.1. Derechos Humanos y Teoría Crítica: un abordaje necesario

Como se planteó, este trabajo parte de la Teoría Crítica de los Derechos Humanos como uno de sus principales anclajes teóricos, lo cual implica una reformulación de las posturas tradicionalistas acerca de los Derechos Humanos que abra el debate en torno a su garantía efectiva como producto de procesos adicionales que no se limitan al simple reconocimiento normativo. Una comprensión crítica de los Derechos Humanos lleva a considerarlos no como un catálogo normativo de referencia, sino como el resultado siempre provisional de procesos de lucha emprendidos por las personas y colectivos para la consecución de unas condiciones materiales de existencia mínimas para la vida digna (Herrera Flores, 2008).

En consecuencia, se plantea una ruptura inicial frente a la concepción de los Derechos Humanos como inherentes a la naturaleza humana, mostrando como subyacente la retórica bastante extendida de que “el hecho de ser persona” es condición suficiente para ser destinaria de estos derechos. Esta concepción supone un desconocimiento de la historización de los Derechos Humanos (Ellacuría, 1990) y de la idea misma de humanidad y de cómo esta ha sido entendida de manera excluyente a lo largo de la historia. Al mismo tiempo que desconoce los efectos que sobre un sistema con pretensión universalista (como el de los Derechos Humanos), puede tener el amplio espectro de diversidad cultural existente (Boco & Bulanikian, 2010; Segato, 2004).

Otro punto de distanciamiento con algunas posturas tradicionales se plantea desde la obligación de separar el reconocimiento normativo de la garantía de los derechos, dado que asumir el reconocimiento normativo no solo como necesario, sino además como suficiente para su garantía, lleva a la ignorancia del requerimiento de unas condiciones básicas materiales que son vitales para la materialización efectiva de estos (Herrera Flores, 2008).

En este punto se concentra el debate central de este trabajo, dado que se parte de este fundamento para cuestionar en San José del Playón y La Suprema, en María La Baja, una postura reduccionista de los derechos de estas poblaciones negras y campesinas, limitada al reconocimiento normativo y jurisprudencial de los mismos, sin poner en marcha acciones orientadas a la generación de las condiciones básicas materiales necesarias para su garantía cuando estos son amenazados por la presencia de monocultivos permanentes en sus territorios.

2.2. Los Derechos Bioculturales como un nuevo marco jurídico de protección de los Derechos Humanos

Para aterrizar en una definición concreta de Derechos Bioculturales que permita comprender lo que principalmente se pone en cuestión en este trabajo, es necesario retomar los planteamientos de Bavikatte & Bennett (2015, p. 20), quienes los presentan como “todos los derechos necesarios para asegurar la custodia de las comunidades sobre sus tierras y aguas”. La cual refleja entonces “una forma de vida en la que la identidad de una comunidad, su cultura, su espiritualidad y su sistema de gobierno son inseparables de sus tierras y cuerpos de agua” (Bavikatte & Bennett, 2015, p. 21).

Estos Derechos Bioculturales se erigen como una nueva fórmula de protección que engloba bajo un mismo espectro de tutela jurídica los derechos ambientales, derechos de la naturaleza y derechos culturales, desde el entendimiento de la interdependencia existente entre la naturaleza y las prácticas y formas de vida de las comunidades locales. Desde esta perspectiva, cobran relevancia los conocimientos tradicionales como parte y sustento del relacionamiento estrecho que tienen las comunidades locales con sus territorios (Nascimento et al., 2017). Por lo tanto, estos derechos no asumen de manera fragmentada los ámbitos de protección, sino que los hacen parte de una amalgama de relacionamientos entre la biodiversidad y la cultura que son indisolubles, interdependientes e interconectados.

Lo anterior proporciona un enfoque holístico de protección. De este modo, estos derechos encuentran fundamento, no precisamente en una discusión en torno a la propiedad de los territorios que son “ocupados” por las comunidades locales, sino en la custodia, relacionamiento y conservación que hacen de estos. Así, son entendidos como “derechos de las comunidades a gobernar y gestionar tierras, no porque tengan un título legal sobre esas tierras, sino porque históricamente han protegido y nutrido ese ecosistema” (Bavikatte, 2013, p. 6 citado por Sajeva, 2015, p. 33).

En tal sentido, es clave precisar que estos derechos son distintos de los derechos que han sido reconocidos a las comunidades indígenas y pueblos ancestrales internacionalmente, pues

Lo anterior, deja ver con claridad que para el reconocimiento, tutela y protección de los derechos bioculturales no es necesario que los titulares sean precisamente comunidades étnicas, como si ha quedado determinado en el ordenamiento jurídico colombiano para casos como el derecho a la Consulta Previa (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo)², en cuya regulación inicial³ se reconoce este derecho a “comunidades indígenas y negras” para decidir sobre la explotación de recursos naturales en su territorio, cerrando así la posibilidad a otras comunidades locales cuya identidad no esté atravesada por marcadores étnicos de diferenciación. En otros países latinoamericanos como Brasil, la categoría de “pueblos indígenas y tribales” traída por el Convenio 169 se comprende desde un espectro mucho más amplio que incluye no solo en estricto sentido a comunidades étnicas sino que cobija a “pueblos y grupos sociales diferenciados que viven en sociedad”, y cuyo “criterio de distinción es la autoconciencia o la autodefinición”, pues el Convenio 169 no establece a priori quiénes integran esta categoría (Shiraishi-Neto, 2004, p. 190).

Siguiendo esta línea, los derechos bioculturales se reconocen de forma amplia en cabeza de comunidades indígenas, afrodescendientes y comunidades locales que tienen un relacionamiento particular con su entorno y los elementos de la biodiversidad que lo componen, mediando una interacción de custodia y conservación ambiental en interdependencia con sus modos de vida y prácticas culturales. Sin que el componente étnico opere como el único habilitante para integrar la categoría de sujeto de protección de estos derechos.

Estos derechos han sido abordados a nivel internacional a partir de instrumentos normativos de Derechos Humanos como la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, la Convención sobre Diversidad Biológica, la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, el Protocolo de Nagoya y el Acuerdo de Escazú.

A pesar de lo anterior, este reconocimiento no ha sido expreso, varios de estos instrumentos no cuentan con un carácter vinculante que obligue a acciones concretas a los Estados y en algunos escenarios en los que se ha legislado en este sentido la legislación ha sido restrictiva, como en el caso colombiano, cuya aplicación se limita a comunidad étnicas, y en el brasilero en el que se excluyó la participación de las comunidades tradicionales y de organismos de mediación cultural (Nascimento et al., 2017).

Un reflejo de ello es el surgimiento (una década después de lo establecido en la Convención sobre Diversidad Biológica) de los Protocolos Bioculturales Comunitarios (en adelante PBC)⁴, los cuales son diseñados e implementados en América Latina y África, principalmente, por iniciativa y trabajo de las comunidades y no de los Estados (Pereira, 2022; Nemogá & Amaris-Álvarez, 2023). Así, estos instrumentos de gestión plantean, no solo la necesidad de un consentimiento libre, previo e informado para el acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales presentes en los territorios, sino que, además, implican una “participación en los beneficios resultantes de la explotación económica del producto o proceso desarrollado a partir del material genético accedido” (Pereira, 2022, p. 23). De tal modo que configuran, en palabras de Pereira (2022, p. 25), un “logro popular para garantizar la defensa de los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad y las estrategias de resistencia contra la financiarización de la naturaleza”.

A su vez, para la consolidación de estos derechos en los sistemas jurídicos ha sido clave el reconocimiento jurisprudencial que se les ha dado desde los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Esto ha permitido abrir la discusión y los debates al interior de algunos países, como en el caso colombiano que a través de sentencias de la Corte Constitucional⁵ y del Consejo de Estado⁶, reconocen de manera expresa por la vía jurisprudencial los derechos bioculturales, resaltando la dimensión biocultural como:

Lo anterior deja claridades al respecto de la comprensión de estos derechos, sin embargo, es necesario resaltar los planteamientos de Sajeva (2015, 2022), al poner de presente la relevancia del contexto al momento de operacionalizar estos derechos, pues, como la autora afirma, no es posible tener un set predeterminado de derechos bioculturales para aplicar a todas las comunidades, sino que el contenido de esta cláusula de protección va a depender de las necesidades de las comunidades locales para la tutela del objeto concreto de protección de estos derechos: la relación de la comunidad con su territorio, modos de vida y custodia ambiental.

Desde la propuesta de Sajeva (2015, 2022), si bien no es posible predeterminar un conjunto fijo de estos derechos, existen algunos que comprenden ámbitos de protección que “muy plausiblemente puedan emerger de un reconocimiento tanto nacional como internacional de derechos bioculturales” (Sajeva, 2015, p. 37). Tal es el caso de derechos como: el derecho al agua, a la tierra y sus recursos naturales; el derecho a la identidad y patrimonio cultural, el derecho de autodeterminación y algunos derechos que estarían más en el plano de las garantías procesales como el de acceso a la administración de justicia y consentimiento previo e informado.

3. Metodología

Para el abordaje de este estudio se planteó una investigación sociojurídica con un enfoque cualitativo y desde la Investigación Acción Participativa (Fals-Borda, 1987), mediante la cual se pretendió comprender las dinámicas asociadas a la presencia de los monocultivos permanentes en el municipio de María la Baja y el efecto que ello causa en los Derechos Bioculturales de la población en el período comprendido entre 1970 y 2021. Para ello, se llevó a cabo un diagnóstico participativo con líderes, lideresas y habitantes de las comunidades de San José del Playón y La Suprema, en el que se emplearon grupos focales, líneas de tiempo, cartografías sociales, mapas de causalidad y entrevistas semiestructuradas para la recopilación de la información.

Para el diagnóstico se utilizó la metodología de identificación de activos bioculturales, que es resultado de la adaptación de la metodología de activos culturales propuesta por Espinosa-Espinosa et al. (2021), con base a su vez en el enfoque de activos planteado por Moser & Stein (2014). En tal sentido, para efectos de la aplicación de este encuadre metodológico, los activos se entienden como un conjunto de recursos humanos, físicos, sociales, económicos o naturales con los que cuentan las personas para el desarrollo de sus medios de vida.

A partir de lo anterior, se adapta el enfoque de activos planteado por Moser & Stein (2014), para dar lugar a la noción de activos culturales. Los cuales son definidos como:

De tal suerte que, los activos culturales anteriormente definidos, fueron readaptados a la noción de activos bioculturales, que corresponderán al conjunto de recursos materiales e inmateriales apropiados y transformados por comunidades, colectivos e individuos, que son clave en sus procesos culturales, identitarios, de subsistencia y organización social, y que dependen del ecosistema y de la biodiversidad de su entorno. Estos activos bioculturales entrañan una indisoluble relación entre la biodiversidad y lo cultural, al punto de no poder separar la práctica cultural del elemento biodiverso, sin que la conservación o subsistencia del segundo se vea afectada, o viceversa.

Serán activos bioculturales los componentes de la biodiversidad y el territorio que estén intrínsecamente ligados a aspectos culturales de una comunidad, a la formación de su identidad, espiritualidad, formas organizativas sociales, modos de vida, cosmovisión, oficios y ocupaciones tradicionales, entre otros.

Así, esta metodología inició con la elaboración de un inventario de los activos bioculturales comunitarios, para pasar luego a la identificación de las afectaciones, que se apoyó en tres herramientas: línea de tiempo, mapa relacional de las afectaciones y matriz del daño biocultural. En conjunto, estas herramientas posibilitaron la identificación de las relaciones existentes entre los hechos clave señalados en la línea del tiempo, los tipos de monocultivos presentes, y los activos y derechos bioculturales, evidenciando las formas en las que los monocultivos han afectado los derechos bioculturales de las comunidades y las relaciones que dan cuenta de esas afectaciones.

4. Resultados y discusión

4.1. Afectaciones a los Derechos Bioculturales generadas por la presencia de monocultivos en María La Baja

En esta sección se presentan los resultados que evidencian cómo la presencia de monocultivos en el territorio de las comunidades de San José del Playón y La Suprema en María la Baja ha generado afectaciones a los activos bioculturales comunitarios, y cómo esto, a su vez, ha estado intrínsecamente ligado a la vulneración de los derechos bioculturales de estas personas.

4.1.1. Inventario de Activos culturales

La Tabla 1 presenta el inventario y la descripción de los activos bioculturales significativos para las comunidades de San José del Playón y La Suprema, construido participativamente con sus líderes, lideresas y algunos de sus habitantes. Se identificaron siete (7) activos bioculturales: 1) el Embalse de Playón; 2) la fauna y la flora; 3) los arroyos, ojos de agua, jagüeyes y canales; 4) las semillas nativas; 5) el territorio; 6) la tierra y; 7) los sabedores y sabedoras.

Este inventario lo componen una serie de elementos que a juicio de las comunidades envuelven una relación estrecha entre la dimensión ambiental del territorio y la cultural comunitaria. De tal suerte, que no es posible pensar estos elementos por fuera de esa interconexión ambiente-cultura. Se mencionan en esta lógica, cuerpos de agua, que aunque artificiales en algunos casos, han cobrado una relevancia cultural para estas comunidades al convertirse en espacios de encuentro, reunión, y celebración, así como también en lugares que sustentan prácticas de subsistencia y modos de vida, como bañarse, abastecerse de agua para la limpieza y preparación de alimentos, riego de cultivos y alimentación de animales domésticos que habitan también en estos cuerpos de agua como ecosistema.

Igualmente, se identifica como elemento central de la relación biocultural con el entorno la presencia de fauna y flora del lugar, así como de semillas nativas, que nutren el balance ecosistémico del Bosque Seco Tropical (ecosistema protegido), y, además, prácticas alimentarias y medicinales ancestrales que integran el sistema gastronómico comunitario y formas de aliviar afecciones a la salud en un contexto de precaria atención médica.

A este entramado se suman las sabedoras y sabedores que son los depositarios de todo el conocimiento ancestral acumulado acerca del territorio, el entorno natural, sus dinámicas y particularidades. Este conocimiento ancestral ha posibilitado la consolidación de prácticas asociadas a saberes sobre la fauna y la flora del territorio que las comunidades habitan, que han facilitado su permanencia y adaptación a las condiciones de la zona, y al mismo tiempo algunas prácticas de conservación ambiental y cultural.

Finalmente, ocupan un lugar importante el territorio y la tierra como el espacio de relacionamiento comunitario, que da forma e identidad a estas comunidades étnicas, al mismo tiempo que provee los medios para su sustento, oficios, formas de vida, prácticas culturales ancestrales y de producción tradicional.

Este conjunto de activos bioculturales se presenta a modo de condiciones materiales e inmateriales, o de elementos que posibilitan el núcleo de protección de los Derechos Bioculturales, pues, su existencia, conservación y permanencia es clave para el ejercicio efectivo de estos derechos. En la medida en que estos activos se vean impactados, lo serán en consecuencia los mencionados derechos.

4.1.2. Recuento de la entrada de los monocultivos y su afectación a los Derechos Bioculturales en María la Baja

El objetivo principal de este trabajo es evidenciar la vulneración a los derechos bioculturales de las comunidades estudiadas a causa de la presencia y expansión de monocultivos en sus territorios. De tal modo que es necesario plantear de manera resumida la línea de tiempo que refleja la entrada de los monocultivos en la zona, para poder evidenciar las transformaciones que estos fueron generando en el territorio y que se traducen en una afectación a los activos bioculturales y, en consecuencia, en una vulneración a los derechos de esta misma naturaleza.

La comunidad identificó la entrada del arroz como monocultivo en los años 70, que coincide con fechas cercanas a la construcción del Distrito de Riego de María la Baja, manteniéndose hasta principios de los noventa, cuando toman fuerza en el territorio los monocultivos de aguacate, plátano, yuca y maíz.

Luego se advierte en 1998 una entrada inicial y moderada de la palma de aceite, con siembra de pocas hectáreas, lo cual fue aumentando progresivamente hasta una entrada a mayor escala en los primeros cinco años de la década de los 2000, acompañada de monocultivos de teca, piña y ñame diamante en menores proporciones. Más adelante, en el año 2008, se da un aumento de hectáreas sembradas en palma de aceite, que los líderes y líderesas explican a partir de la entrada en funcionamiento de las Alianzas productivas⁷ y que se relaciona igualmente con los incentivos de capitalización rural del Ministerio de Agricultura y las exenciones de impuestos en favor de cultivos de tardío rendimiento vigentes para ese entonces (Arrieta et al., 2016).

En la actualidad, sigue presentándose una expansión del monocultivo de palma de aceite en el territorio, acompañado de la entrada de la Melina como maderable y del arroz palanqueado en la zona (Marún-Uparela et al., 2023a). Como se verá, estos cambios en la estructura productiva a partir de la entrada y expansión de algunos monocultivos en el territorio de las comunidades estudiadas han impactado no solo el panorama agroalimentario de la zona, sino además sus activos y derechos bioculturales.

Siguiendo la metodología de activos de Moser y otros (2011), una de las formas que permitiría identificar si existe o no una vulneración a los derechos bioculturales, consiste en advertir las afectaciones de aquellos activos bioculturales que posee la comunidad, es decir, aquellos recursos materiales o inmateriales que están intrínsecamente ligados a aspectos culturales, a la formación de su identidad, a la espiritualidad y formas organizativas sociales, y, a su vez, en relación indisoluble con el ambiente. Esto, debido a que actúan como termómetro que permite identificar la vulneración a los derechos bioculturales, en tanto que componen las condiciones materiales de su núcleo básico de protección.

La Figura 1 muestra en la línea de tiempo, las relaciones que se evidenciaron entre la presencia de monocultivos como el arroz, la teca, la palma de aceite y la melina y la afectación a los activos bioculturales que constituyen a su vez el núcleo esencial de garantía de los derechos bioculturales de las comunidades de San José del Playón y de La Suprema.

Figura 1
Derechos bioculturales afectados por monocultivos en el territorio. Fuente: elaboración propia con base información recopilada en grupo focal (2021).

La figura se compone de tres niveles de análisis: el primero presenta la línea de tiempo antes mencionada, con la entrada de los monocultivos señalados por las comunidades, el segundo nivel presenta el inventario de activos bioculturales identificado, en conexión con los monocultivos que han generado impactos sobre estos y, finalmente, un tercer nivel que agrupa los derechos bioculturales relevantes para el contexto de las comunidades de San José del Playón y La Suprema, conectados con los activos bioculturales que posibilitan condiciones materiales o inmateriales para su ejercicio pleno y efectivo.

Este esquema representa las interrelaciones entre la entrada de ciertos monocultivos a las comunidades de San José del Playón y La Suprema, y los impactos que estos han ido generando en el tiempo a los activos bioculturales comunitarios. Un ejemplo es lo ocurrido con el embalse de San José del Playón, construido inicialmente con una vocación productiva para el abastecimiento del recurso hídrico a los cultivos, sin embargo, frente a la falta de acueducto y alcantarillado de las comunidades aledañas, se ha convertido en la fuente de abastecimiento para la población y sus necesidades.

Este embalse ha representado tensiones y conflictos socioambientales entre la población y los productores agroindustriales, pues para la población esta es su fuente de agua, espacio de recreación, reunión, encuentro, medio de comunicación entre corregimientos, mientras que para los productores agroindustriales es un cuerpo de agua destinado al abastecimiento hídrico de sus cultivos.

Durante las épocas de sequía la tensión aumenta porque la poca agua disponible en el Distrito de Riego de María la Baja es destinada a monocultivos como la palma, que tiene un alto requerimiento hídrico⁸, a pesar de que hay comunidades que dependen de este mismo recurso para solventar sus necesidades higiénicas, sanitarias, alimentarias y también productivas. Frente a esto, las comunidades han tomado las vías de hecho cerrando por su cuenta, y de forma irregular, las compuertas de la represa para evitar que el nivel de agua disminuya al punto de no poder abastecerse, lo que ha involucrado la represión por parte de la fuerza pública frente a este tipo de protesta social, complejizando el conflicto sobre este activo biocultural.

Adicionalmente, el embalse ha venido presentando procesos de contaminación y falta de oxigenación, lo que pone en peligro las diferentes especies de fauna y flora que lo habitan (Marún-Uparela et al., 2023b), así como la salud de las personas que consumen este recurso o entran en contacto con él, pues no cuentan con alternativas para el abastecimiento hídrico. Especialmente, si se considera que las demás fuentes como arroyos, ojos de agua, jagüeyes, pozos y canales se han ido secando a causa de la tala del bosque y el aumento de las temperaturas, o están ubicados en zonas de siembra de monocultivos privatizadas lo que impide el acceso de la comunidad a estas fuentes de agua.

En esta misma lógica operan las dinámicas de afectación hacia otros activos bioculturales, de modo que quedan resumidas y ordenadas en la siguiente matriz de afectación biocultural (ver Tabla 2), en la que no solo se presentan los impactos generados a cada activo, sino además la interdependencia de estos con los derechos bioculturales que los requieren para su garantía, así:

Estas transformaciones se han visto especialmente reflejadas en las afectaciones que la presencia de monocultivos en el territorio ha ido generando a lo largo del tiempo en los activos bioculturales de estas comunidades. En ese sentido, partiendo del inventario de los activos bioculturales realizado, es posible evidenciar afectaciones relacionadas con la deforestación para la siembra de los monocultivos, que ha puesto en especial riesgo al Bosque Seco Tropical, ecosistema de protección en la zona (Marún-Uparela et al., 2023a). Esto, a su vez, ha ido cambiando las dinámicas ecosistémicas, transformando desde los pozos de agua naturales y ojos de agua que se han secado por el calentamiento de la tierra que genera la deforestación, hasta la desaparición de especies de flora que se pierden con las talas.

Por otra parte, los palmicultores han introducido de manera inconsulta especies invasoras como la Boa para controlar roedores y otras plagas que afectan a su cultivo, lo que ha provocado la desaparición de especies como el conejo, que son propias de zona y nutren la base agroalimentaria de las comunidades.

Como parte del ejercicio de cartografía social realizado, se elaboró un mapa del municipio de María la Baja (ver Figura 2), en el que las personas participantes ubicaron los monocultivos existentes en el territorio, así como los principales cuerpos de agua que la comunidad identifica como un activo determinante para la realización de las actividades productivas, sociales y culturales de la comunidad.

Figura 2
Cartografía social del municipio de María la Baja. Fuente: elaborado por participantes del taller diagnóstico participativo, agosto de 2021

En la cartografía los y las participantes identificaron con facilidad que entre los monocultivos existentes en María la Baja, la palma ocupa la mayor cantidad de territorio y su ubicación está muy relacionada con las fuentes hídricas y del lugar de residencia de algunas comunidades. Adicionalmente, se identificó que los cultivos de palma no se limitan a la zona baja, sino que de manera lenta pero progresiva han extendido su presencia a la Alta Montaña.

Esta expansión de los monocultivos ha impactado igualmente la tierra como activo biocultural comunitario en un sentido productivo y agroalimentario para esta población. La ocupación y la destinación del uso del suelo hacia los monocultivos, algunos incluso de tardío rendimiento como la palma de aceite, que ha tenido un aumento del 206% de hectáreas sembradas entre 2017 y 2018, ha desplazado los cultivos tradicionales y transitorios, haciendo que su producción disminuya en razón de un 44% en el mismo periodo (Marún-Uparela et al., 2023a). Lo que desdibuja el papel que de antaño ocupaba María la Baja como “la despensa agrícola de la región” (Participante del grupo focal, 2021).

Los cambios en las formas productivas en el territorio han hecho que las posibilidades del trabajo de la tierra sean cada vez más reducidas para los campesinos debido a que no cuentan con tierra propia para trabajar y, en caso de conseguir tierras alquiladas, estas se ubican en zonas muy remotas, pues las zonas de más fácil acceso han sido destinadas al cultivo de palma de aceite. Esto se traduce en largos trayectos que los campesinos deben recorrer para sembrar la tierra, y en altos costos de producción que se derivan de las dificultades para transportar y sacar sus productos a las vías de comercialización; lo que en conjunto ha ido generando desincentivos al trabajo de la tierra en general.

En consecuencia, se ven seriamente afectadas las dimensiones de accesibilidad, disponibilidad, calidad, inocuidad y aceptabilidad cultural de los alimentos, lo que dificulta la garantía del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada, desde la seguridad y la soberanía alimentaria. Pues estas comunidades no cuentan con la posibilidad de cultivar los alimentos y autoabastecerse adecuadamente, debido a los cambios en el uso del suelo y la gestión disputada de activos bioculturales comunitarios como el agua, las semillas nativas, el territorio y los saberes ancestrales.

Desde una lógica biocultural y desde una postura crítica de los Derechos Humanos, el contexto de las comunidades de San José del Playón y La Suprema en el municipio de María la Baja, propiciado por la expansión de monocultivos en esta zona, requiere una lectura interdependiente e interconectada frente a la garantía de derechos que son clave para la custodia, gestión, disfrute y permanencia digna de estas comunidades en sus territorios.

De tal suerte que la propuesta de este trabajo toma como referente la fórmula jurídica de protección que posibilitan los Derechos Bioculturales, como un mecanismo de exigencia de derechos que desde su indivisibilidad y estrecha relación con el ambiente y los sistemas culturales comunitarios permiten un ejercicio de demanda por las condiciones materiales requeridas para que la población viva dignamente.

Esto se traduce en acceso a fuentes de agua de calidad y aptas para el consumo humano, así como suficientes para las actividades culturales y productivas; en una protección de los saberes ancestrales y de las semillas nativas para el cultivo y la medicina tradicional, al igual que de su identidad y patrimonio cultural; en acceso a la tierra; en la posibilidad de decidir y gestionar con autodeterminación los elementos de sus territorios, del mismo modo que en la protección de los ecosistemas, su fauna y flora.

La verificación de las condiciones materiales e inmateriales antes mencionadas, representaría para las comunidades de San José del Playón y La Suprema un importante punto de partida para garantía efectiva e interdependiente de derechos como el derecho al agua, a la salud, a la tierra, a la soberanía y seguridad alimentaria, a la participación y a la protesta social, al patrimonio cultural, a la autodeterminación y a la identidad cultural, que indisolublemente configuran el conjunto de derechos que en términos de Sajeva (2022) y Bavikatte & Bennett (2015) van a hacer posible la tutela jurídica y protección de la relación de la comunidad con su territorio, sus modos de vida y custodia ambiental.

Conclusiones

El contexto de María la Baja y, particularmente, de las comunidades de San José del Playón y La Suprema se ha visto marcado no solo por el conflicto armado interno colombiano, sino que además ha estado atravesado por una serie de tensiones que se derivan principalmente de la concentración de los recursos en favor de intereses económicos, con la distinción de que en el contexto de estas comunidades locales, campesinas y étnicas, estos son recursos de carácter biocultural. Por tanto, tienen una alta valoración comunitaria en términos productivos y ambientales, a la vez que configuran elementos relevantes para sus sistemas culturales.

Esta injusticia biocultural es producto entonces de las disputas y tensiones que la implementación de un modelo productivo agroindustrial, a gran escala y basado en monocultivos ha generado en la dinámica de relacionamiento de las comunidades y sus territorios por la entrada de agentes económicos que han apropiado estos recursos para la consolidación de esta forma productiva, en detrimento de la producción campesina, tradicional y familiar en María la Baja.

Se advierte en consecuencia, una fuerte tensión en torno al uso del suelo y las formas de producción, favorecida por el acaparamiento de tierras que facilitó el contexto generalizado de violencia del conflicto armado. Esta tensión sobre la tierra en un sentido productivo pone en riesgo los medios de subsistencia de estas comunidades con vocación campesina, al tiempo que su soberanía, seguridad y autonomía alimentaria, pues el monocultivo desplazó a los cultivos de pancoger.

En esta línea, la expansión de monocultivos generó por un lado, una dinámica de acaparamiento de las fuentes de agua, tanto artificiales como naturales en la zona. Lo que ha puesto a estas comunidades en un constante conflicto socioambiental por el acceso, disponibilidad y calidad del recurso, contra los empresarios y terratenientes de monocultivos en el territorio. Por otro lado, se ha generado una tensión ecosistémica en el municipio, debido a que los monocultivos han producido cambios drásticos en el paisaje y en el Bosque Seco Tropical. Esto ha supuesto un alto riesgo para las especies de fauna y flora que se nutren los servicios ecosistémicos propios del lugar, a causa de la degradación ambiental.

Teniendo como soporte y fundamento de la investigación la Teoría Crítica de los Derechos Humanos, se hace necesario conectar la garantía de los derechos con la verificación de condiciones materiales e inmateriales de existencia para el ejercicio de estos, lo que implica en el estudio realizado, una relación muy estrecha entre los activos bioculturales como condiciones materiales o inmateriales para la garantía de los derechos o incluso como parte de su núcleo esencial de protección. De este modo, al verse afectado un activo biocultural, se pone en significativo riesgo la posibilidad del ejercicio de un Derecho Biocultural al imposibilitar las condiciones materiales para su garantía.

Esto se evidencia con mayor claridad, por ejemplo, en el caso de la mencionada tensión sobre el derecho de acceso al agua, pues al verse comprometidos los cuerpos de agua del territorio a causa de la privatización, de la gestión y destinación monopolizada del recurso hacia los monocultivos, y de la contaminación encontrada en estudios técnicos de calidad de agua realizados, no es posible hablar en el caso de las comunidades de San José del Playón y de la Suprema de un derecho de acceso al agua garantizado.

Lo anterior compromete el ejercicio del derecho desde la dimensión ambiental (puesta en peligro de especies de fauna y flora que dependen de este elemento del ecosistema), y desde la dimensión cultural que asocia actividades propias de la vida cultural altamente valoradas por las comunidades a sus cuerpos de agua.

Siguiendo esta misma lógica, se encuentran otras tensiones que generan afectaciones en los derechos a la tierra y elementos naturales, a la autodeterminación, a la soberanía y seguridad alimentaria, a la identidad cultural, a la memoria, al patrimonio cultural, a la educación cultural, a la participación, a la asociación, a la protesta social y a la comunicación y libertad de expresión.

En consecuencia, la garantía de los derechos bioculturales de estas comunidades exige no solo la protección del agua y la tierra en su dimensión productiva, sino también en su dimensión ambiental, social y cultural. De igual forma, requiere el fortalecimiento de espacios de incidencia política existentes, como la Mesa Permanente por el Derecho al Agua de Montes de María y generar nuevos espacios que permitan la discusión y toma de decisiones sobre el modelo productivo y, por ende, sobre los activos bioculturales del territorio y sobre la garantía de los derechos bioculturales de las comunidades en María la Baja.

En este sentido, la metodología desarrollada en el marco de esta investigación aportó a la construcción comunitaria del inventario de los activos bioculturales y su puesta en valor, lo que permitió una apropiación del enfoque y sus potencialidades en clave de los procesos comunitarios de resistencia y defensa del territorio que se están llevando a cabo por parte los liderazgos en la comunidad.

Los resultados de la investigación representan igualmente un llamado y una invitación, por un lado, a la red de instituciones públicas y privadas relacionadas con la garantía y protección de los derechos bioculturales de las personas que vienen siendo afectadas, para la formulación e implementación de acciones que puedan generar transformaciones inmediatas, y acercar a la población a una vida digna. Por otro lado, sirven de instrumento a las organizaciones del territorio y otras organizaciones sociales para continuar en la ardua tarea de la lucha por estos derechos.

Disponibilidad de información:

Los datos de la investigación están disponibles a través de consulta

Agradecimientos

Los autores agradecen a las comunidades de San José de Playón, Paloaltico y La Suprema en el municipio de María la Baja, Bolívar por compartir la historia de lucha y resistencia por la defensa de los derechos bioculturales en sus territorios.

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